Cristianos son indemnizados por el atentado de Semana Santa en Sri Lanka

En 2019, tres iglesias y tres hoteles fueron blanco de atentados con bomba que dejaron innumerables cristianos muertos en Sri Lanka el Domingo de Pascua. Han pasado tres años y las familias siguen sintiendo el dolor de la pena y la injusticia.

Hace menos de un mes, surgió un rayo de esperanza para estas familias. El 12 de enero, el Tribunal Supremo de Sri Lanka ordenó al ex presidente Maithripala Sirisena y a otros cuatro altos cargos pagar 310 millones de rupias esrilanquesas en concepto de indemnización a las víctimas de los atentados de Semana Santa.

A partir de un informe de 85 páginas, el Tribunal concluyó que el ex Presidente y otras autoridades que dirigían el país en aquel momento podrían haber evitado los atentados, pero no lo hicieron. Las reiteradas advertencias que las Fuerzas de Seguridad del Estado lanzaron al Ejecutivo sobre los atentados que podían producirse, y de hecho se produjeron, entre las semanas anteriores y posteriores al 21 de abril de 2019, fueron ignoradas.

Una larga jornada

El proceso comenzó poco después de los atentados, con 12 peticiones enviadas por las familias de las víctimas. Algunas personas fueron detenidas por estar relacionadas con los atentados, pero a la mayoría se les concedió la libertad bajo fianza o fueron absueltas al poco tiempo.

La justicia parecía una posibilidad remota hasta la reciente decisión del Tribunal Supremo. «La decisión del Tribunal Supremo me hace feliz. Ahora todo el mundo sabe que el gobierno tenía acceso a estos datos y el poder de evitar la muerte de cientos de inocentes que se cobró el atentado, pero optó por no hacer nada», comentó un colaborador local de Puertas Abiertas.

«La demanda golpea directamente a las autoridades que hicieron dejación de sus responsabilidades, pero los ciudadanos que planearon el atentado siguen impunes. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Esto deja a la comunidad cristiana intranquila y con la sensación de que la justicia no es completa», añadió el socio.

La justicia parecía una posibilidad remota hasta la reciente decisión del Tribunal Supremo. «La decisión del Tribunal Supremo me hace feliz. Ahora todo el mundo sabe que el gobierno tenía acceso a estos datos y el poder de evitar la muerte de cientos de inocentes que se cobró el atentado, pero optó por no hacer nada», comentó un colaborador local de Puertas Abiertas.

«La demanda golpea directamente a las autoridades que descuidaron sus responsabilidades, pero los ciudadanos que planearon el atentado siguen impunes. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Esto deja a la comunidad cristiana intranquila y con la sensación de que la justicia no es completa», agregó.