Universidad cristiana enfrenta ataques en Nicaragua

Desde 2018, la Universidad Centroamericana (UCA) y un grupo de cristianos han sido perseguidos por el gobierno de Nicaragua por participar en protestas contra la propuesta de reforma de pensiones del país. Incluso después de que la propuesta fuera revocada, los estudiantes continuaron sus manifestaciones pidiendo el fin del mandato de 14 años de Ortega. En respuesta, el presidente declaró ilegal cualquier tipo de protesta en el territorio.

El 9 de agosto de este año, se congelaron las cuentas de la UCA sin previo aviso y hubo que avisar al personal y a los estudiantes de que no podrían efectuar los pagos. Una semana después, la principal universidad privada del país fue acusada de terrorismo y se le confiscaron todos sus bienes y cuentas bancarias en un proceso abierto por Ortega.

Según la justicia nicaragüense, la UCA funcionó durante las protestas de 2018 como «un centro de terrorismo, aprovechando las condiciones creadas con mentiras para incrementar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos de delincuentes armados y encapuchados que utilizaban métodos terroristas».

El 19 de agosto, el rector de la UCA y otros cinco jesuitas fueron expulsados de sus casas por más de 20 policías nicaragüenses. Los inquilinos fueron obligados a recoger sus pertenencias y a abandonar la propiedad de la universidad. Según la policía, los jesuitas estaban siendo desalojados porque las casas son propiedad del Estado.

Suspensión de la orden

Cuatro días más tarde, el diario oficial del gobierno, La Gaceta, anunció que el Presidente Ortega había disuelto la orden jesuita, cancelado su estatus legal y confiscado todos sus bienes. La justificación fue que la organización no había presentado los estados financieros correspondientes a los años 2020 a 2022, lo que dificultaba su control. Los religiosos tampoco renovaron la junta directiva, caducada desde marzo de 2020.

Los directores de la orden jesuita afirmaron que las acciones del gobierno se produjeron al margen de los procedimientos legales y que no tenían derecho a réplica.